Índice
Manuela Menéndez de la Sal (Auxiliar Administrativo)
Ana Virginia Serrano Martínez (Auxiliar Administrativo)
Cristina Díaz Cobián (Auxiliar Administrativo)
Introducción
Los datos personales de los ciudadanos son datos especialmente delicados y están protegidos por la ley para su tratamiento y libre circulación. Existen autoridades administrativas dedicadas en concreto a este tema como por ejemplo la Agencia Española de
Protección de Datos. Nuestro objetivo es conocer la Agencia de Protección de Datos.
Método y bibliografía
Para obtener la información relatada en el presente documento, se consultó el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como diversas bases de datos científicas utilizando los siguientes descriptores: auxiliar, administrativo, agencia, protección, datos, SESPA.
Desarrollo
Encontramos que la Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente con personalidad jurídica y plena capacidad tanto pública como privada. Su principal función es supervisar que la legislación en materia de protección de datos se cumple.
Aunque tiene amplias funciones se pueden destacar también la promoción de la sensibilización en materia de protección de datos, el asesoramiento y la cooperación entre muchas otras. Su nexo con el Gobierno es el Ministerio de Justicia y será la representante española en el Comité Europeo de Protección de Datos. Su presidente es el que la dirige, la representa y dicta sus resoluciones, circulares y directrices.
El presidente está auxiliado por un Adjunto en el que podrá delegar ciertas funciones y que le podrá sustituir también en ciertos términos. Ambos son nombrados por un período de cinco años, pudiendo ser renovado por otro período igual. El presidente, también está asesorado por un Consejo Consultivo
Conclusión
Destacamos también, que todas las Administraciones Públicas así como los particulares están obligados a proporcionar a la Agencia todo lo necesario para que pueda llevar a cabo su actividad de investigación.